El diputado local en conjunto con un grupo de activistas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado para establecer la obligación expresa de que todo contrato que implique desarrollo de software incluya la entrega del código fuente y documentación técnica completa, como requisito indispensable para la formalización del contrato.

La iniciativa se presentó en conjunto con un grupo de activistas quienes agradecieron el trabajo del diputado por fortalecer la transparencia.

La modernización de la administración pública exige la contratación de soluciones digitales para operar trámites, registros y servicios esenciales; sin embargo, la falta de acceso al código fuente en sistemas contratados por gobiernos, ha derivado en riesgos significativos de ciberseguridad.

Por lo que la propuesta presentada pretende adicionar dos fracciones al artículo 46, correspondiente a los requisitos que deben incluir los contratos con proveedores, que establezca como requisito obligatorio, para cualquier servicio de desarrollo de software, la entrega del código fuente y la documentación técnica completa.

Cuando una dependencia pública tiene acceso pleno al código y a toda la documentación técnica se asegura de que pueda hacer auditorías, detectar vulnerabilidades, modificar o adaptar el software según sus necesidades y, en caso de abandono del proveedor, garantizar que el sistema no quede obsoleto o inutilizable.

La reforma además fomentará la competencia entre proveedores, porque otros desarrolladores podrán ofrecer mantenimiento, mejoras o migraciones si disponen del código, lo que puede reducir los costos y aumentar la resiliencia de las soluciones gubernamentales.

«Exigir el código fuente no es una exigencia ideológica, sino una medida práctica y estratégica para proteger los activos digitales del Estado», declaró el legislador.

Está propuesta complementa el trabajo elaborado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que busca avanzar hacia la soberanía digital y proteger la información gubernamental.

Esta reforma no solo es viable técnicamente, sino necesaria para garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia en la soberanía digital del Estado, busca proteger el interés público, asegurar la inversión estatal en activos digitales, promover la transparencia técnica, y prevenir que contratos estratégicos se conviertan en una fuente de dependencia costosa.